DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA ¿REALIDAD O QUIMERA?
KAREN BENAVIDES - 11°
La crisis de los derechos humanos en Colombia no ha tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares que asolaron el continente latinoamericano en las décadas pasadas, pero se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes de lesa humanidad: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio, en un marco similar de terrorismo de Estado.
Ciertamente el poder militar ha estado sometido a un sector de la sociedad civil en Colombia, que son las minorías que gozan de los privilegios del poder económico. Minorías que en busca de perpetuar el statu quo le han concedido a la Fuerza Pública, en particular al Ejército, la facultad de actuar por fiera de los marcos legales y constitucionales en el "control del orden público". Para garantizar ese ejercicio servil de la muerte le han ofrecido a sus perpetradores la impunidad sobre sus acciones criminales. Al terrorismo de Estado corresponde entonces una política de impunidad.
Esto quiere decir que por el hecho de proteger el supuesto ideal de un país, los errores absurdos que comenten dichas fuerzas, quedarán impunes por el hecho de ser protegidos de un Estado. Un ejemplo claro y reciente de los absurdos del país es el caso de los falsos positivos, venden la sangre, las lagrimas, el sudor de un colombiano, por unos cuantos pesos ¿A esto se le llama Estado?, ¿A esto le podemos llamar justicia y protección de derechos humanos?
Hay que abrir los ojos, veamos los derechos humanos en Colombia, y encontraremos lo bonito que se ve estipulado en la constitución, pero lo poco que se tiene en cuenta a la hora de hacerlos valer.
Tenemos que a partir de la Constitución de 1991 cualquier persona puede interponer acciones de tutela para que se salvaguarde un derecho fundamental, propio o ajeno, que esté siendo vulnerado o pueda ser vulnerado por una autoridad pública (Art. 86). La reacción del aparato judicial a ésta norma fue adversa y se impuso una reglamentación restrictiva (tanto del punto de vista del procedimiento como del derecho sustancial) que desconoce el espíritu del mandato constitucional. Además los jueces y magistrados en general son reacios a defender los derechos fundamentales de las personas que son atacadas por ser consideradas subversivas, que es precisamente la razón fundamental por la cual se han presentado y se siguen presentando la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede decirse con la acción de hábeas corpus (art. 30) que precisamente está consagrada para proteger a las personas detenidas arbitrariamente, pero cuyo derecho ha sido restringido en la ley por iniciativa del Ejecutivo (por decreto en uso de facultades de excepción, Decreto 1156 de julio de 1992), respaldado por el Congreso (convirtiéndolo en legislación permanente, ley 15 de 1992) y con la complacencia de la Corte Constitucional que en el proceso de exequibilidad la consideró ajustada a la Carta Política (Sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993).
Aquí encontramos una serie de decretos respaldados por el congreso, para la protección de derechos humanos en ciertas situaciones comunes.
Se expone la acción de tutela, para atender a las quejas de los ciudadanos -pero ¿cuántas veces son realmente escuchadas?- si bien la mayoría se queja de no dar abasto con la cantidad de tutelas presentadas, pero no es justo que las tutelas que exigen un derecho sean las que más esperen siempre. Encontramos el caso de la salud, es totalmente aberrante como la salud se convierte en un asunto del estado, pues las tutelas ya estaban, las peleas y las muertes por espera de un medicamento, ya existían, solo que ahora lo decretan y la vida de los pacientes queda en manos de un simple papel, cuántos no han muerto esperando un juicio tutelar para poder reclamar un medicamento, cómo pueden convertir un derecho fundamental en un negocio, y así dicen defender nuestros ideales, convirtiendo un derecho, en un favor, y lo peor, ese favor no lo hacen.
Si anteriormente dije que no se atiende la mayoría de tutelas impuestas por los ciudadanos, es porque la acción de tutela se convirtió en la voz legal de todos los colombianos a la espera de un fallo, que la mayoría de veces no llega o no falla a favor de la causa justa, convirtiéndose así de nuevo en una violación total a derechos fundamentales como la salud.
Como colombianos tenemos múltiples derechos, pero aparte de violaciones a la salud, hay muchos más, y hay un tema que viola todos los derechos posibles de un colombiano, y este tema, sí, es la violencia.
El narcotráfico y violencia política, el tema de la lucha contra el narcotráfico le ha servido al Estado colombiano para desviar la atención mundial sobre su propia responsabilidad en el fenómeno de la violencia o incluso para justificarla. Ha sido común que el Gobierno o los medios de comunicación al servicio del militarismo atribuyan la responsabilidad "de la mayoría de los homicidios políticos a los traficantes de drogas y a los grupos guerrilleros". Como lo ha dicho Amnistía Internacional: "Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han recurrido a los delitos violentos en campañas de atentados indiscriminados con bombas y a los asesinatos de ministros del gobierno, funcionarios judiciales, periodistas y otras muchas personas que se oponían a sus actividades delictivas. Sin embargo, la percepción del tráfico de drogas como causa principal de la violencia política en Colombia es un mito".
El Gobierno respecto a las estadísticas que señalarían un reducido margen de la participación del narcotráfico en la violencia política ha dicho: “No es cierto que los narcotraficantes solamente respondan del 2% de la violencia política en el país...esa estadística olvida el papel profundo del narcotráfico que se ha territorializado, que ha comprado tierras en muy amplias zonas de Colombia, en la creación de grupos paramilitares”.
Desviar la atención mundial, eso es lo que hace la mayoría de veces el país, pero son incapaces de desviarla con cosas buenas, esta atención se desvía con mucha más violencia, que es el punto de partida de todos los atropellos a los derechos humanos colombianos.
Los grupos armados al margen de la ley, ya no son nada nuevo para el mundo, lo nuevo es lo que hacen día a día, secuestrando, privando del derecho de libertad a tantos colombianos, que mueren escondidos tras un árbol en la selva, haciendo de ellos un show de lástima, o un trofeo de poder político, en eso se convierten los secuestrados en este país, ya no son los héroes que arriesgaron todo por nosotros, sino un galardón más de gestiones hechas shows.
Pero los que luchan a favor de la libertad, a favor del cumplimiento de nuestros derechos, viven en el exilio, porque si no es una amenaza, o la negligencia de los gobernantes, no pueden seguir luchando por un ideal de libertad, porque estamos en una sociedad de mentes vendidas por unos cuantos pesos, de mentes sin memoria, como es el caso de millones de personas que mueren en las calles esperando un pan, esperando un techo, esperando que los oídos del Estado se abran y escuchen los lamentos de esta gente en la calle, que como ser humano racional se supone que tiene condiciones de vida adecuadas para su evolución racional, pero que es lo que siempre encontramos, sí, una persona viviendo como perro bajo un techo de cartón en una cama de asfalto.
Una infamia tapa a otra, mientras el mundo se preocupa de la solución de un problema, aquí hay muchos más, aquí se violan tantos derechos, se cometen terribles actos de lesa humanidad, pero un teatro opaca al otro, mientras se preocupan por sostener el desarrollo de un país, por mostrar una supuesta cara bonita de Colombia al mundo, aquí la gente se muere de hambre, se muere secuestrado, o peor se muere esperando una medicina que no es un favor, es un derecho, aquí se espera morir para por fin sentir paz.
Dejemos de convertir nuestros derechos, en favores del Estado hacia nosotros. Tenemos voz, tenemos voto, tenemos que saberlo usar, no podemos vender más nuestros derechos. Es un alto, es una Colombia “evolucionada”, demostrémoslo.
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