miércoles, 8 de septiembre de 2010

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ERNESTO SAMPER PIZANO (nacido el 3 de agosto de 1950 en Bogotá D.C.) es un abogado, economista y político colombiano que ocupó la presidencia de Colombia del 7 de agosto de 1994 al 7 de agosto de 1998. Su mandato se caracterizó por el Proceso 8.000 que develó los nexos del narcotráfico con la clase política colombiana y las difíciles relaciones con Estados Unidos, país que por primera vez le retiró la Visa de Turista a un presidente de la República de Colombia. Fue uno de presidentes más impopulares de la historia de Colombia y quizá uno de los mandatarios que le causó al país su peor crisis política, que tuvo repercusiones económicas internas y externas. Hijo de Andrés Samper Gnecco y Helena Pizano Pardo, tras estudiar el bachillerato en el Gimnasio Moderno se licenció en Derecho y Economía en la Universidad Javeriana.

Vida política

Miembro desde joven del Partido Liberal Colombiano, fue presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) desde 1974 hasta 1981. En 1982 el ex presidente Alfonso López Michelsen lo llama para que sea el gerente de su campaña por la reelección, pero salen derrotados por el conservador Belisario Betancur. Después de la campaña presidencial, inicia su carrera electoral, como diputado de Cundinamarca (1982–1984), Concejal de Bogotá (1982–1986) y miembro del Senado (1986–1990) en donde consolida al interior del liberalismo su movimiento del Poder Popular.

En 1990 se presenta como precandidato a la presidencia, pero finaliza tercero en la consulta popular de su partido, detrás del ganador César Gaviria Trujillo y del ex ministro Hernando Durán Dussán.

Ese mismo año es nombrado Ministro de Desarrollo por el presidente César Gaviria Trujillo; entre 1991 y 1993 se desempeña como embajador de Colombia en España, y regresa al país, para buscar nuevamente la candidatura de su partido. En la consulta popular, derrota al jurista y ex ministro de Gobierno Humberto de La Calle y al veterano dirigente Carlos Lemos Simmonds; los dos terminarían siendo sus vicepresidentes (entre 1994 y 1997, y entre 1997 y 1998, respectivamente).

En las elecciones presidenciales de mayo de 1994, consiguió el paso a la segunda vuelta, que lo enfrento con el candidato conservador Andrés Pastrana y a quien terminó derrotando por un leve margen.

El propósito de Samper de dar durante su gobierno un “salto social” se cumplió con la duplicación, durante el cuatrieinio, del porcentaje del PIB destinado a la inversión social y la creación de programas de focalización social como el SISBEN que permitió ampliar a 23 milllones el número de colombianos recibiendo servicios de salud, la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL orientada a proveer apoyos económicos a sectores marginales sociales y geográficos, la creación del Ministerio de Cultura, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y afro colombianas, la titularización masiva de predios urbanos, el programa PLANTE para sustitución social de cultivos ilícitos y avances significativos en la cobertura educativa y de acueductos. También se preocupó por el tema de los Derechos Humanos y, más concretamente, por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto armado colombiano. En su gobierno se aprobaron los protocolos I y II de la Convención de Ginebra.

En su mandato se desarrolló una agresiva política integral de lucha contra el narcotráfico que incluyó la destrucción de cultivos ilícitos, la destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas, la incautación de insumos químicos , la interdicción aérea y marítima de cargamentos de drogas, la lucha contra el lavado de activos a través de medidas draconianas como la extinción del dominio de bienes adquiridos ilícitamente y el combate de organizaciones criminales como el Cartel de Cali considerado como uno de los carteles mas perseguidos del mundo que fue totalmente desmantelado durante su gobierno. Así demostró Samper que este Cartel, acusado de financiar su campaña, estaba en la misma situación de combate de todas las organizaciones criminales colombianas.

Los jefes del Cartel de Cali financiaron las campañas de tantos parlamentarios como los patrocinados por los grandes grupos económicos privados y aspiraron a contar también con presidente propio, al aportar seis millones de dólares a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Con esos fondos su campaña repartió dinero para comprar el margen de votos que le permitió asegurar su triunfo. Unas grabaciones telefónicas que probaban la financiación ilegal, reveladas por el candidato perdedor Andrés Pastrana revelaron la financiación de narcotraficantes a candidatos políticos. Los Estados Unidos, en primer lugar, que exigieron pruebas repetidas de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, como la aprobación de la Ley de extinción del dominio en 1996 y la captura de la cúpula del cartel de Cali. Los militares, en cabeza del general Harold Bedoya Pizarro, comandante del ejército y luego de las Fuerzas Armadas, se sintieron deshonrados con su presidente y le negaron autoridad moral para ordenar sus políticas de seguridad, mientras seguían su propia agenda de colaborar en la expansión paramilitar. Los políticos, que recibieron todas las prebendas presupuestales necesarias para declarar inocente al presidente en el juicio político que la Fiscalía inició ante el Congreso. Finalmente, los grandes empresarios, que negociaron su apoyo institucional a cambio de políticas favorables a sus negocios. este escándalo se conoció como el proceso 8000

El Proceso 8.000

En 1995 se inició una investigación y un proceso judicial conocido como proceso 8.000, al ser acusado de haber utilizado dinero procedente del narcotráfico para financiar su campaña electoral. Las denuncias contra el presidente Samper, iniciaron antes de su elección con base en unas grabaciones (conocidas como los narco-casetes) obtenidas por su rival político Andrés Pastrana, (posteriormente elegido presidente de la República de Colombia), que fueron reveladas por el Gobierno de entonces, liderado por el Presidente Gaviria; sin embargo no se abrieron investigaciones sino unos meses después de la posesión de Samper.

Adicionalmente, el ex gerente de la campaña (posteriormente ministro de Defensa) y el ex tesorero de la campaña, Fernando Botero Zea y Santiago Medina respectivamente, fueron encarcelados y posteriormente juzgados por haber sido los autores de los delitos de lavados de activos y hurto agravado. Sin embargo, aunque se ha documentado totalmente que dineros ilícitos de diversos carteles de la droga entraron a la campaña, Samper, como cabeza de la misma, siempre negó su responsabilidad y nunca se encontró una "prueba reina" que confirmara su culpabilidad. Más adelante en diversas entrevistas reconoció la procedencia del dinero usado en su campaña "Yo reconozco que en mi campaña se utilizaron dineros del narcotráfico".

El Presidente Samper fue exonerado por el Congreso de la República de todos los cargos formulados. A diferencia de otros países, donde es una alta corte quien juzga al presidente, en Colombia el juez "natural" del Primer Mandatario es el Congreso.

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